La “Operación Aurelio” comenzó en los primeros días de diciembre del año pasado. Un investigador de la Brigada Departamental Antidrogas de la Jefatura de Montevideo recibió información sobre una banda de traficantes que operaba en la periferia de la ciudad.
Ese dato fue investigado y, tras las indagatorias, se detectó a la organización que utilizaba varios autos para suministrar drogas a las “bocas” ubicadas en los cinco barrios.
Los policías de particular también observaron que muchas “bocas” utilizaban motos en sus desplazamientos.
Cuando fue incautado el celular del concejal, los investigadores constataron que la banda tenía un servicio de delivery para suministrar drogas a particulares.
En el teléfono del exconcejal frenteamplista también se encontraron los nombres, direcciones y celulares de muchos consumidores.
Ayer no trascendió la cantidad de personas que utilizaban el “servicio” del traficante.
La Policía sí logró descubrir que el exconcejal tenía un “aceitado” sistema de distribución con autos y motos que repartían cocaína, pasta base, metanfetamina y marihuana.
Según la fuente de la investigación, la modalidad de delivery de drogas está muy extendida en Uruguay y en la región desde hace tiempo.
De hecho, en mayo de 2021, la Brigada Departamental Antidrogas desbarató a otra banda de traficantes de drogas que utilizaba el mismo sistema.
En ese caso, la investigación inició con una información anónima: “Hay un vehículo que vende droga puerta por puerta”. No importaba ni a qué hora era ni en qué barrio. El servicio era completo. Si el cliente quería pedir de madrugada en Carrasco o de tarde en la otra punta de la ciudad, el delivery llegaba. Esa banda fue desarticulada hace dos años.
La investigación
La “Operación Aurelio” duró cinco meses.
Los investigadores realizaron vigilancia de campo e interceptaciones telefónicas para reunir las pruebas suficientes para imputar a los integrantes de la banda.
Según fuentes de la Policía de Montevideo, el pasado martes se realizaron siete allanamientos en casas de la zona de Colón y La Teja.
En seis viviendas los policías encontraron estupefacientes, armas y dinero.
En una de las casas allanadas funcionaba un almacén como “boca” de ventas de drogas, que era atendido por extranjeros, según informó la fuente.
El “Operativo Aurelio” fue liderado por la fiscal de Estupefacientes de 2° Turno, Stella Llorente y los allanamientos contaron con la autorización del juez de 38° Turno, Alejandro Asteggiante Blanco.
Luego de finalizados los allanamientos, los policías concurrieron a la base de la Brigada Departamental Antidrogas con los detenidos y los efectos incautados.
Posteriormente, las autoridades de la Brigada informaron a la fiscal Llorente sobre las actuaciones.
La representante del Ministerio Público ordenó que se realizara un relevamiento fotográfico de la droga incautada; se levantara acta a los funcionarios que participaron en los siete allanamientos; se efectuara una prueba de campo de los estupefacientes decomisados y que se enviara a los detenidos a la sede de la Fiscalía.
La fuente del caso también expresó que la madre de uno de los requeridos por la “Operación Aurelio” informó en una seccional que éste se encontraba internado en un hospital por un intento de autoeliminación mediante la ingestión de psicofármacos.
La madre también llevó a la comisaría las llaves de un auto que estaba requerido en el marco de dicha operación de la Brigada Departamental Antidrogas.
Al finalizar la audiencia en el Juzgado Penal de 38° Turno, el juez Asteggiante Blanco condenó al exconcejal del Frente Amplio a cumplir una pena de tres años y ocho meses de cárcel por un delito continuado de distribución de drogas.
Además, otros tres condenados recibieron penas que van desde los 15 meses de prisión hasta los dos años y ocho meses de penitenciaría por delitos de negociación de estupefacientes.
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