viernes, 9 de junio de 2023

Seguridad pública: ¿amnesia, olvido o mala fe? Por Elena Grauert

Sorprenden las declaraciones de la Sra. Intendenta de Montevideo sobre la seguridad pública. Con un tono de soberbia y sin prestar la más mínima atención a los antecedentes de su partido en la materia, dice: "Hace cuatro años que no la están embocando".

 ¿Cómo quien viene del gobierno anterior puede realizar tales aseveraciones con total desparpajo? Son los mismos que mantuvieron al Ministro y su equipo durante 10 años, con un crecimiento exponencial de todos los delitos, desde violencia domestica hasta abigeato, con una falta de gestión en la resolución de casos, lo cual fue fuente del aumento de la criminalidad en todos los niveles. La estadística y "los números" son demostrativos de la nada, no deberían usarse, ya que el dolor no se mide en números ni cuentas. 

No obstante, frente a algunas afirmaciones que son groseras, debemos recurrir al dato estadístico para matar el relato y la falsedad contumaz de la candidata del Frente Amplio, que se ha olvidado de la Intendencia que dirige. En el 2018, hubo casi 30.000 (29.904) rapiñas. 

El último número del año 2022 indica que han sido 23.419, prácticamente 6.485 rapiñas menos que hace 4 años. Han ido bajando año tras año del 2020 a la fecha y la causa del descenso es la gestión, el trabajo, el atacar el delito. Significa que hay 6.500 personas que no sufrieron la violencia que se sufría cuando gobernaba el Frente Amplio. 

 Lamentablemente, en los homicidios, si bien los guarismos son menores a los del 2018 y 2019, de 421 y 394, respectivamente, a 383 en el 2022, claramente sigue siendo uno de los problemas más graves que enfrentamos en seguridad pública. Dentro de los homicidios, gran parte de ellos responden a guerras de bandas de delincuentes, lo que hizo que en el 2018 Uruguay fuera el cuarto país en Latinoamérica con mayor cantidad de homicidios, sólo superado por Venezuela, Brasil y Colombia.


 Dato que se ve que la Sra. Intendenta de Montevideo ignora, así como todo el Frente Amplio. Fueron esos guarismos, y el convencimiento que la delincuencia no sólo se puede combatir con represión -sino que se debe atacar desde todas las perspectivas posibles-, los que llevaron a que el Dr. Diego Sanjurjo, asesor del Ministerio del Interior, conjuntamente con el BID, comenzarán a desarrollar un programa de ataque a la criminalidad tratando de que a través de la formación y cooperación de ex presos, se puedan ir rescatando convictos para alejarlos de las lógicas de hampa y el narcotráfico. 

 También se han desarrollado en forma conjunta -MIDES, Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior- programas para trabajo con convictos, hogares para intentar alojarlos y realizar seguimiento, planes de educación. Se ha dicho y reconocido por todas las partes el problema de la reincidencia (si la misma no se ataca, el crecimiento del delito es exponencial). Por tanto, se pueden afirmar muchas cosas pero jamás que no se ha hecho nada. 

Primero y principal, porqué los datos en baja de delitos son sustanciales comparando 2019 con 2022 (homicidios bajaron un 2,8%; hurtos un 18,6 %; rapiñas un 23,5 %, abigeatos un 40,5 %). Si bien es cierto que la violencia domestica subió 3,2 %, hubo un aumento importante en los años de pandemia que se reflejan en ese guarismo, manteniéndose constante lamentablemente. 

 Además, no se está sacando al GEO (Grupo Especial de Operación Policial) para demostrar la represión en los barrios como única política, lo cual era el modus operandi del Ministerio del Interior en el período anterior. 

La Coalición Republicana apunta a otro tipo de gestión interdisciplinaria tratando de atacar la causa social del delito, además de reprimir y aumentar las penas o determinar ciertos delitos no son excarcelables o no pueden reducirse mediante el mecanismo del acuerdo en fiscalía, lo cual se consagro en la LUC, normas que impactaron rápidamente ayudando a una mejor gestión en materia de seguridad.

Está claro que si bien falta mucho en materia de seguridad se debería insistir con el proyecto de ley presentado por Pedro Bordaberry en la anterior legislatura, en cuanto a la creación del Instituto Nacional de Penitenciario y Carcelario, como servicio descentralizado; el cual, justamente, creando una gobernanza especializada y con cierta autonomía, permite desarrollar políticas más focalizadas en la problemática de la seguridad, en relación con los sistemas carcelarios, atacando el flagelo de la reincidencia y además el problema de administración de las cárceles, que hoy es un flagelo gravísimo que termina impactando en toda la sociedad, como por ejemplo la gran cantidad de personas durmiendo en la calle, muchos de los cuales son ex convictos.

 Por tanto, la Sra. Intendenta Carolina Cosse debería, primero que nada, ocuparse de los asuntos de la Intendencia, que por cierto hace 4 años que está y seguimos con los mismos problemas de basura, falta de iluminación, circulación y atascamiento, entre muchos otros. 

No hay un sólo proyecto serio. Sin duda que el tema de la seguridad pública es un problema, pero la gestión y el reconocimiento de los problemas es lo que ha hecho que hoy haya una baja en la cantidad de delitos, que no alcanza, pero se va en la búsqueda de la mejora en forma continua y en el desarrollo de políticas de Estado.

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