La decisión, de la que dio cuenta El País el martes, sorprendió a propios y extraños y generó una de las primeras discusiones del este año político por varios motivos: el precio de los tickets, el lugar elegido y el invitado central.
Además de un mensaje del postulante, Carlos Paéz, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, expondrá sobre “Uruguay, una sociedad con esperanza”.
No se trata de un evento oficial de la campaña de Orsi, sino que es organizado por un grupo de “allegados” al precandidato. Entre ellos, Líber Burgos, quien en diálogo con El País confirmó que al evento irán 200 personas
“El gran hueco es la interna”, le dijo a El País el diputado Conrado Rodríguez, uno de los más activos en la redacción de la nueva ley de Financiamiento de Partidos Políticos, sancionada en la Cámara de Representantes y que luego del receso comenzará a ser discutida en el Senado.
La posibilidad de regular la forma en que los precandidatos se financian en la interna estuvo sobre la mesa el año pasado en conversaciones informales entre los legisladores, pero no prosperó.
“Lo complicado es regular la interna”, apuntó Rodríguez, en referencia a la imposibilidad práctica de que la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas puedan controlar a los cientos de sectores y miles de listas que participan en esta instancia.
También porque, según el diputado Iván Posada (Partido Independiente), se entendió que el país había ingresado ya en una “precampaña”, por lo que se consideró más adecuado que cualquier cambio normativo que afectara a las internas rigieran para el siguiente período.
El proyecto de ley que a inicios de esta legislatura había presentado el Frente Amplio - la base de la discusión que derivó en el texto que ahora está en el Senado- no preveía una regulación de este tipo. Sí lo hace el proyecto ahora en discusión en el Senado que, de todas formas, no tiene seguridad de sanción.
La propuesta establece para los precandidatos igualdad de requerimientos que para los candidatos a octubre.
Si la nueva ley se aprueba, deberán rendir cuentas de los “fondos públicos” recibidos en los 90 días posteriores a la elección interna. Se establece como “período de recaudación” de estos fondos entre el 1 de noviembre del año anterior a la elección nacional hasta el 30 de junio del año siguiente a los comicios.
Con todo, esto entraría a regir recién el 1 de noviembre de 2028.
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