Las conclusiones a las que llegó la fiscal evidencian que hay mucha más tela para cortar, exponen la lentitud de la Fiscalía para avanzar en la indagatoria de hechos que ocurrieron en 2018 y 2019 y permiten concluir que será un tema al que el oficialismo echará mano en la campaña para recriminarle al Frente Amplio, cuando le caigan con el pasaporte de Marset, Astesiano o Penadés.
Los hallazgos de la Fiscalía en el caso
Tras cuatro años de investigación, el anterior fiscal del caso, Ricardo Lackner, solo había imputado a un policía en julio de 2022.
Se trataba del capitán de la Guardia Republicana que tenía a su cargo los traslados líder del grupo criminal Los Cuinis, Gerardo Gerardo González Valencia (en la foto se lo ve cuando fue entregado a la DEA de Estados Unidos), desde la Guardia Republicana hacia Cárcel Central donde se supone que tenía visitas conyugales con su esposa, pero donde también mantuvo encuentros con el mafioso italiano, Rocco Morabito, el líder de la 'Ndrangheta, quien se fugó en 2019.
Sin embargo, para la fiscal quedó claro que el capitán lo que hizo fue cumplir órdenes verbales de las altas jerarquías del Ministerio del Interior y no obtuvo ningún beneficio propio como para concluir que cometió un delito.
Pero la fiscal Porteiro llegó a otras conclusiones muy interesantes sobre la reclusión del narco mexicano en la Guardia Republicana y sus traslados a Cárcel Central:
González Valencia fue trasladado entre 10 y 11 veces (entre el 1° de noviembre de 2016 y el 6 o 7 de diciembre de 2018) desde la Guardia Republicana a la ex Cárcel Central.
En la Guardia Republicaba gozaba de llamativos privilegios: teléfono celular con amplio acceso a internet y comunicaciones internacionales, dos aires acondicionados, baño con calefón de 60 litros, televisor y hasta una mascota (no dice cual).
Porteiro dijo que se lo recluyó en la Republicana por orden verbal del entonces ministro Bonomi por motivos de seguridad, puesto que había amenazado con colgarlo “del puente más alto del Uruguay”, la esposa Wendy Amaral había intentado abordarlo en la calle y habían llegado al país ciudadanos mexicanos que pedían visitarlo.
No se grababan las comunicaciones que mantenía, el horario de visitas se extendió, además de que no se registraban de forma clara los ingresos y las salidas.
También Bonomi autorizó las visitas conyugales de González Valencia por orden verbal y resolvió que fueran en Cárcel Central pero no solo Bonomi lo sabía. “Cada una de las salidas para visita conyugal se encontraba minuciosamente regulada y documentada con conocimiento de las jerarquías del Gabinete Ministerial del Interior, INR y Guardia Republicana”, dijo la fiscal.
Sobre los encuentros con Morabito, Porteiro apunta a episodios turbios:
El 27 de julio de 2018 Morabito cambió la dirección de la cámara ubicada en el 6º piso de Cárcel Central, mientras González Valencia estaba allí, por lo que no se sabe qué movimientos hizo el mafioso italiano.
El 21 de setiembre el mexicano fue autorizado por la directora de Cárcel Central Mary González a “tomar un café” con Morabito, antes de su visita conyugal.
Estuvieron juntos casi una hora.
Las visitas que eran espaciadas en diciembre se repiten el 6 y 7 y la fiscal apunta que el director le dijo que “era imposible que se hicieran visitas días seguidos”.
El 25 de octubre Morabito pidió por escrito ser trasladado a la Republicana y mencionó que mantenía una amistad con el narco mexicano quien le había dado “su conformidad con dicha solicitud”.
Porteiro alerta sobre que “aparentemente nadie se preguntó en qué contexto Morabito había obtenido la expresión de voluntad de una persona a la que presuntamente no podría tener acceso”.
Las irregularidades abundan y las preguntas sobran: si las autoridades temían que González Valencia fuera rescatado y le dieron acceso a comunicaciones, ¿cómo podía ser que no las controlaran, o que no llevaran un estricto control de sus visitas?, ¿por qué no pidieron la autorización de la jueza para los traslados?, ¿cómo se le ocurrió a la directora dejarle tomar un café con Morabito tratándose de dos pesados del delito?
Esas y otras muchas preguntas se las deberá hacer la fiscal Porteiro, a la luz de lo que ella misma plantea, a las anteriores autoridades del Ministerio del Interior cuando las cite y eso ocurrirá el año que viene, en plena campaña, por lo que es un hecho que el narco mexicano y el mafioso italiano se sumarán al repertorio de casos con los que se acusarán de un lado y otro del espectro político, junto con el pasaporte a Marset, el intento de ocultar los chats, el caso Astesiano o Penadés.
Dardos para la campaña
Las declaraciones del exministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una entrevista que le hizo Leonardo Haberkorn hace unos días, sirvieron de adelanto de lo que oiremos en los próximos meses en los que ningún partido se librará de ser acusado de corrupción. Heber dijo que “los encuentros entre Morabito y González Valencia eran oficiales, legales, autorizados. Salía una especie de caravana de la Guardia Republicana que lo trasladaba y lo llevaban a Cárcel Central. Ocurrió muchas veces. ¿Y Charles Carrera no sabía?
Era el director general del Ministerio.
Tenía que saber”.
Y si bien es cierto que era el director de Secretaría, y que el tres del Ministerio del Interior compone la cúpula ministerial a la que apunta la fiscal, Carrera dejó ese cargo en setiembre de 2017 para ocupar la banca del Senado de Lucía Topolansky, cuando ella asumió como vicepresidenta tras la caída de Raúl Sendic,y fue sustituido por Federico Laca, quien sí estaba en ese momento, como lo estaba el subsecretario Jorge Vázquez, además del director nacional de la Policía, Mario Layera, y el exjefe de la República, Alfredo Clavijo.
Estos últimos dos si declararon y adjudicaron las decisiones a Bonomi.
De modo que los candidatos oficialistas, sobre todo los del Partido Nacional, recibirán cuestionamientos por Marset, Astesiano o Penadés, ya que las indagatorias también coincidirán con la campaña, pero del lado oficialista le caerán al Frente Amplio y sobre todo al candidato del MPP, Yamandú Orsi, puesto que estos hechos de presunta corrupción están vinculados al Ministerio del Interior comandado por Bonomi, dirigente de ese sector.
Las agresiones, las exageraciones y las inexactitudes estarán a la orden del día y por eso será tarea de los periodistas verificar, chequear y advertir sobre datos o informaciones que no se ajusten a la realidad, mientras las y los fiscales deberán abocarse a investigar y castigar a los responsables de los hechos de corrupción tratando de evadirse del momento electoral del país.
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