viernes, 3 de noviembre de 2023

Escándalos y más...por Elena Grauert


En un artículo publicado en Correo de los viernes el año pasado hice mención al rol de los jueces, citando a Francisco Gamarra que dice: "la vocación judicial... no es primaria, sino que se subordina a una categoría más amplia, vocación por el derecho". 



Afirmaba -además- en términos que se comparten que "la vocación judicial se forma, de amor al derecho, a la verdad y a la Justicia, de desinterés y laboriosidad, de imparcialidad y carácter, de serenidad y honradez". 

Es evidente que ninguno de esos parámetros se cumple cuando los casos tienen que ver con personas públicas. Allí parece que vale la pena pedir los audios y celulares de los imputados o personas relacionadas, sin guardar la más mínima reserva, lo cual genera mucho ruido y termina en una situación en la que la prensa es la fiscal de los fiscales.

 ¿Cómo se llega a esto? 

El nuevo código de proceso penal tenía otras finalidades. Habría que preguntarles a los fiscales, aunque quizás la falta de cuidado en condenar antes del proceso, cuando se filtra todo en prensa, de no actuar con la imparcialidad debida, no guardándose el debido cumplimiento de las garantías que deben tener los acusados, es parte de las causas de estos hechos tan graves. Se informa de "chats falsificados", lo cual es muy grave, ya que se estaba manipulando información para coadyuvar en condenar a alguien con prueba falsa, es gravísimo. 

Como también es gravísimo el chantaje aparentemente confesado en audios. Entiendo que conforme a la ley de violencia basada en género se proteja a víctimas y familiares, respecto de terceros, pero nunca hay que olvidar el principio de alcanzar la verdad y atender a todas las circunstancias, manteniéndose la reserva debida. 

 Claramente, en los casos denunciados en la última semana (referentes al exsenador Penadés), hay un vedetismo que se da en la prensa entre fiscales, denunciantes y periodistas, con chats donde se desdibujan los límites del derecho a la intimidad, el respeto a la reserva de la correspondencia, con el derecho y deberes de denunciar. 

Todo se ha transformado en un "vaudeville" de personas, quedando muy lejos del deber de probidad e imparcialidad con que deben actuar la justicia y el periodismo también.

 Quizás no sean los culpables quienes forman parte de todo esto, falta una gobernanza seria del sistema que marque claramente los límites. 

El Fiscal de Corte otra vez es pasivo y debe actuar en forma rápida, incluso separando del caso a sus subalternos, si los mismos pierden el deber de imparcialidad o existen posibles conflictos de intereses. 

 También veo a un Poder Judicial que espera en forma pasiva, mientras la sociedad es espectadora de hechos terribles cuya veracidad no pasa por el celo y discernimiento de un Juez, sino del rumor donde todos terminan desconfiando de todo, dependiendo de la posición ideológica que se tenga en ese momento.

 Claramente el nuevo Código del Procedimiento Penal, no está dando respuestas, no tiene una forma de gobernanza de contralor férreo del cumplimiento de la ley y el deber de probidad, imparcialidad y veracidad. 

 Quizás, además deba cambiar la forma de persecución de delitos, donde las denuncias de corrupción o que impliquen casos de personas públicas, exista un protocolo de cómo actuar y qué pruebas pedir, ya que es un debe que hay en muchas causas.

 Se podría proponer que esos casos fueran tratados por un fiscal y un Juez de Instrucción o dos o tres fiscales, que atiendan el caso dado celeridad, asegurando reservas y dando mayores garantías en el manejo de la confidencialidad y persecución de la verdad. 

 El Poder Judicial, la justicia, es una de las bases institucionales que conforman la república, si el mismo no se empodera en la forma debida, haciendo que los operadores jurídicos que lo conforman, principalmente jueces y fiscales, cumplan con los deberes inherentes a su función -con el objetivo referido por Francisco Gamarra "amor al derecho, a la verdad y a la Justicia"- los ciudadanos todos tenemos que estar alerta, porque la salud institucional y los derechos más básicos terminan siendo gravemente afectados, perdiéndose la seguridad y bases de un democracia sana. 

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