A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.
En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19.
El gobierno respondió con una represión brutal.
Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración
El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos.
En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.
Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas.
Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas.
Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.
La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio.
Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces.
Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales.
Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”.
Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria.
Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.
En octubre, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 15 de noviembre era “ilegal”.
Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 15 de noviembre.
Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas.
Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.
Algún día en Uruguay,tendremos que reflexionar sobre nuestros compatriotas que defienden a esa tiranía...
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