Hay vecinos de Montevideo que “llegan a fin de mes” gracias a la paga de los narcos. Hay clubes de baby fútbol en Casavalle que practican con pelotas donadas por los narcos. Hay centros educativos que reciben útiles adquiridos por los narcos. Hay jóvenes de la capital que se ganan unos pesos haciendo “de campana” para los narcos.
Hay narcos que compran el silencio.
Así lo comprueba la investigación “En las grietas del Estado: gobernanza criminal en Montevideo”, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República (Udelar).
Porque el ejercicio del poder —en especial en los barrios ubicados al centro y en la periferia de la ciudad— va más allá de la violencia explícita, de los asesinatos o los mensajes subliminales detrás de los descuartizados que ocupan titulares de informativos.
“Cuando una banda controla el territorio no usa el método violento, el que suele emplearse con más frecuencia cuando está en competencia, sino que despliega medidas más ‘benevolentes’ asociadas al poder y la compra del silencio: ofrecen viviendas a los vecinos, les ayudan a pagar la luz, donan camisetas o pelotas, comida y emplean a los varones jóvenes en el mercado de las drogas —como repartidores, para vigilar una zona o para conseguir un dato—”, explica Verónica Pérez Bentancur, doctora en Ciencia Política y una de las responsables de la investigación.
Esas prácticas —que parecen salidas de El Padrino o del modus operandi del colombiano Pablo Escobar—, dice el estudio, están extendidas “desde hace años” más de lo que se piensa.
Porque si bien en Uruguay “las bandas criminales tienen escasos niveles de organización”, si bien no se ven a encapuchados armados hasta los dientes que circulan en 4x4 impidiendo el ingreso del Estado como en México, y si bien no hay matanzas a políticos, periodistas y fiscales como en Centroamérica, “manejan determinado dinero que les permite nuclear colaboradores y en el territorio de influencia” que en la capital uruguaya comprende al menos 24 barrios.
Según datos de la Policía a los que accedió El Observador, al menos 49 bandas criminales están activas en Montevideo y el área metropolitana.
Cada uno de estos grupos maneja —por definición— un mínimo de tres bocas de venta de drogas. Y algunos de ellos —por lo general clanes familiares— tienen funcionando unas 25 bocas.
El estudio de la Udelar, financiado por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana y que maneja una metodología de investigación diferente a la del Ministerio del Interior, revela que “el fenómeno de la gobernanza criminal es relevante en Montevideo” y que “una cifra significativa” de los pobladores (a veces superior al 20%) ha visto a bandas hacer donaciones, ofrecer trabajo, desalojar vecinos o amenazarlos.
Los métodos violentos suelen darse cuando un territorio económico entra en disputa, o cuando hay una escisión forzada de una banda, o cuando existe una traición (un buchón, la faltante de dinero o armas).
La violencia es eso a lo que acuden las bandas para mantener el mercado funcionando, ante la imposibilidad –por ser ilegal– de recurrir a la Justicia o métodos de negociación regulados.
En definitiva se trata de un negocio.
La boca de drogas es solo la punta del iceberg donde se distribuye la oferta. Las bandas tienen que pagar por seguridad, que abonar a quien guarda la droga, al que cuida la plata (en un lugar distinto a la droga), al que vela por las armas (en un sitio diferente a los dos anteriores), y al que hace inteligencia.
Pero esa es solo una parte de la “inversión”: hay que pagar los “aprietes”, abastecerse a sí mismo buscando compras por mayor, mejorar las condiciones de vida de la familia, y ejercer el poder en el barrio.
“Por eso les cuesta expandirse a otra zonas, por eso les conviene que haya paz y que su negocio prospere”, explicó una fuente policial.
Un negocio con historia
Según la politóloga Pérez Bentancur, “el microtráfico de drogas acaba siendo el negocio de delincuentes que se reciclan de otro delito (rapiñeros, robo de celulares, contrabando…)”.
Y el dinero en juego no es poco.
Al norte de la selva peruana, el kilo de pasta base (con residuos de la cocaína) cuesta entre US$ 800 y US$ 1.000. Más al sur empieza a encarecerse.
En Uruguay las bandas criminales las suelen comprar a unos US$ 4.500. Pero el dinero que obtienen de la venta del kilo supera los US$ 19 mil (cada dosis cuesta unos $ 75 y de un kilo se obtienen 10 mil dosis).
“Es mucha plata para zonas humildes en que se vende más este tipo de droga, entonces las familias se ven tentadas, los niños se ilusionan al ver a los narcos en autos de alta gama, y así…”, reconoce la fuente policial.
El negocio —y las estrategias de mantener poder— no es nuevo, pero va cambiando con el tiempo.
Mario Layera, el último director nacional de Policía bajo la administración del Frente Amplio, recuerda que “a fines de los años 90 hubo un narcotraficante muy conocido en Carmelo, a quien le decían Lilo, que le compraba la pintura para la comisaría local”.
Por entonces la distribución de la droga era móvil (dealers que repartían por zona) y no una boca de venta fija.
La irrupción de la pasta base en los 2000 y la crisis económica de 2002 cambió el mercado. “La pasta base empezó a venderse en bocas fijas que requerían una seguridad, una vigilancia, una arreglo con el barrio, que no circulara la información…”, comenta Layera, quien por entonces trabajaba en la brigada antidrogas.
“Empezamos a ver que se hacía más frecuente colaboraciones con los clubes de fútbol, con los talleres educativos de los barrios y con los vecinos, al punto que el microtráfico adquirió un volumen que empezó a ser percibido por la población como inseguridad y que terminó afectando, directa o indirectamente, a complejos habitacionales enteros”, recordó el exjerarca policial.
El crecimiento del negocio a escala regional y los cambios de estrategia de la Policía también fueron mutando al microtráfico.
Una compra-venta que está inmersa en los barrios y en el que, entienden las autoridades, no solo es cuestión de combatir la oferta, sino de reeducar la demanda.
En ese sentido, la investigación de la Udelar concluye que “el despliegue de políticas sociales es clave para evitar el afianzamiento de los grupos criminales a nivel local”.
Por su parte, “la alta presencia del Estado no previene el surgimiento de organizaciones criminales, pero sí las contiene y evita que se expandan”.
