No es sorprendente, pues, que, a medida que se menoscaba el imperio de le ley y se hace caso omiso de la voz del pueblo, disminuya la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales.
"Las sociedades corruptas no pueden apoyar a sus ciudadanos", dice Stuart Gilman, jefe de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción de la ONUDD.
"Privan a sus hijos no solo de la comida, sino también de la educación y la atención sanitaria. Son una pesadilla continua."
Allí donde está presente, este azote abarca a funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares, que cometen actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho.
Algunos ejemplos escandalosos son los funcionarios públicos que roban miles de millones de dólares de las arcas de sus países y las empresas multinacionales que pagan jugosos sobornos para obtener contratos públicos lucrativos.
Aunque la pequeña corrupción no llega a ocupar los titulares de los periódicos, cabría afirmar que cuesta más que la corrupción en gran escala.
"Se comete en céntimos y centavos, en libras y en euros, en billetes de baja denominación, pero ocurre una y otra vez decenas de miles de veces" dice el Sr. Gilman.
Muchos pagan sobornos en efectivo o en especie para poder recibir una educación o un tratamiento médico adecuado, para acelerar trámites administrativos o para evitar pagar una multa. Pero lo que consideran tan sólo una forma de arreglar las cosas es en realidad un delito.
A su vez, la corrupción facilita la trata de personas, la delincuencia organizada y el terrorismo.
La buena noticia es que, por muy enorme que pueda parecer la tarea, se puede poner coto a la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción brinda un marco jurídico mundial para hacerlo. Este instrumento internacional, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005, ha sido ratificado por 37 países y firmado por 137.
Explica el Sr. Gilman, "La Convención se sirve de las mejores prácticas en todo el mundo y hace que los países que la han ratificado empiecen a aplicar esas normas".
Los Estados partes en esa Convención tienen que cooperar recíprocamente en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, entre ellos la prevención, la investigación, la recuperación de activos y el enjuiciamiento de los infractores.
También están obligados a tomar medidas en los sectores privado y público y a fomentar la labor de la sociedad civil en esa esfera.
La sociedad civil y el sector privado deben unirse a los gobiernos y adoptar una firme aptitud ante la corrupción.
No cabe duda de que las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden dejar su marca al sensibilizar al público, ejercer presiones para que se implanten reformas eficaces y exponer las fechorías de dirigentes financieros y políticos.
Las denuncias de particulares y organizaciones de todo el mundo que actúan con gran valor han provocado la dimisión, el enjuiciamiento o la condena de los implicados.
El sector privado también tiene que tomar medidas para frenar la corrupción en sus filas. Efectivamente, algunas empresas nacionales y multinacionales han puesto en marcha iniciativas para potenciar la transparencia y la integridad empresariales.
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, por ejemplo, reúne a más de 2.000 empresas privadas, organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad laboral y civil para defender los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del medio ambiente y los principios contrarios a la corrupción.
Tanto independientemente, como en colaboración, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil pueden desempeñar un papel fundamental en los esfuerzos por frenar la corrupción. También los particulares pueden ayudar a luchar contra este problema mundial negándose a intervenir en actividades delictivas que pueden tener consecuencias devastadoras para la sociedad y el país en los que viven.
