Asimismo, en la exposición de motivos el Poder Ejecutivo señaló que la Ley 19.580 “intentó corregir inequidades”, pero “no logró abatir el número de casos de femicidio”. A su vez, según el gobierno, la norma vigente no contuvo “las consecuencias del problema de la violencia de género, sino que ha sido pasible de críticas y cuestionamientos ante la Suprema Corte de Justicia, invocando sendas inconstitucionalidades que invariablemente la corporación desestimó”.
El proyecto de ley contiene cuatro artículos que, de ser votados por el Parlamento, modificarían parcialmente la normativa vigente.
En primer lugar, Lacalle Pou y su gabinete proponen un artículo sustitutivo del Artículo 3, que refiere a la “Interpretación e integración” de esta ley, buscando dar garantías a todas las partes ante una denuncia de violencia de género. “Se tendrán en cuenta los valores, los fines, los principios generales del derecho y las disposiciones” de la Constitución de la República que garanticen los derechos humanos de los denunciados, sostiene el texto remitido por el Poder Ejecutivo.
El nuevo artículo mantiene parte del artículo votado en 2017, que expresa que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones (…), prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia”. No obstante, añade que “en ningún caso” este postulado “significará debilitar las garantías del debido proceso”.
En segundo lugar, el proyecto de ley propone una modificación en el artículo 46, que presenta las claves para la valoración de la prueba en caso de declaraciones de menores, y actualmente sostiene que se debe evitar “una revictimización secundaria (de quien denuncie) a través del cuestionamiento de su testimonio mediante argumentos técnicos”.
El Poder Ejecutivo propone que se estipule que “en todos los casos, se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica”.
No obstante, también “la defensa que pretenda hacer valer argumentos técnicos requerirá el respaldo de prueba pericial, evitando la revictimización secundaria”.
Actualmente, la ley sostiene que “no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios”.
En tanto, el tercer artículo del proyecto de ley apunta a que se pueda condenar por simulación de delito a quienes presenten una denuncia falsa en el marco de la Ley 19.580. Actualmente, esta norma estipula que, cuando haya verosimilitud, los denunciantes no podrán ser penados al amparo del Código Penal.
Por último, el proyecto de ley busca modificar el artículo 80 de la Ley de Género, que establece que la víctima podrá reclamar una “reparación patrimonial”, equivalente a 12 sueldos del denunciado.
En este sentido, el Poder Ejecutivo propone que, de ahora en más, “la víctima podrá reclamar” una indemnización por daños y perjuicios, pero “por la vía procesal correspondiente”, que no es la penal.
En diálogo con El País, la prosecretaria de Presidencia y redactora del proyecto, Mariana Cabrera, negó que el mismo esté vinculado a casos que actualmente están siendo investigados por la Justicia, como el de Penadés.
