viernes, 10 de noviembre de 2023

Rompiendo los códigos Por Elena Grauert



El derecho y la ética, si bien tienen algunos puntos de coincidencia, son dimensiones diferentes. Ambos son imprescindibles para la convivencia social. Mientras que el primero sanciona el incumplimiento, la segunda es más universal y atemporal, donde no hay una sanción material.

Siempre volvemos a lo mismo. La Fiscalía y el Nuevo Código de Proceso Penal han marcado la falta del cumplimiento de principios jurídicos y éticos.

No todo vale.


La doctrina y los profesores enseñaban la importancia del secreto sumarial porque nadie puede ser condenado sin un análisis reservado y justo de la prueba, donde se respeta la casualidad de los hechos. El secreto sumarial protegía el estricto cumplimiento del artículo 12 de la Constitución: "Nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso y sentencia legal".


La obligación del secreto sumarial, además de una obligación legal, implicaba una obligación ética de los funcionarios. Había una reserva absoluta en la investigación. Los jueces, fieles a los 0 probidad, cautela, justicia y verdad, hablaban a través de la sentencia. Esto significa que cada decisión estaba debidamente fundada. No era al boleo que se cobraba, era cumpliendo con la ley, ética y moral.


En los escandalosos casos de los últimos tiempos, se violan principios importantísimos del derecho penal liberal (que es el único derecho garantista universalmente), como por ejemplo, que nadie está obligado a hacer prueba contra sí mismo, la debida casualidad de las pruebas en apego a la verdad material de los hechos, la cuestionable publicación de conversaciones privadas que no han agregado nada más que escándalo. Está claro que la verdad de lo sucedido todavía está en deuda, de lo que tendrá que probar un fiscal, absolutamente "intoxicado" por un medio y una oposición furibunda y oportunista que no ayuda en lo más mínimo a explicar, sino a generar hechos mediáticos que confunden y distorsionan.


Lo que sin duda debemos cuidar es el derecho de las personas, mucho más en un mundo en el que hasta se puede imitar la voz de la gente por medio de inteligencia artificial. Por lo tanto, defender el actuar con prudencia otorgando garantías en los procedimientos en general es fundamental para evitar causar injusticias.


La lucha por la defensa de la República es todos los días. La resolución del caso con la renuncia de los Ministros, desde el punto de vista político, fue la correcta para el momento. Se debe cuidar la institucionalidad tendiendo a lograr la paz. Lo jurídico está en deuda aún y creo que sumamente contaminado, lo cual lo puede dejar viciado de legitimidad, por las claras interferencias de los medios, las redes y las infiltraciones tendenciosas en muchos casos. Incluso en el régimen del actual código de procedimiento penal, hay responsabilidad por filtraciones, por lo que no se justifica de ningún modo.


Esta semana, se informa, por parte del fiscal de corte, que por medios tecnológicos van a tratar de identificar quiénes violan el secreto, mediante un sistema de trazabilidad, según declarado en el parlamento. Advierto que hoy ya es tardísimo, esto debió hacerse hace varios años.


Esperamos que la justicia esté alerta y a la altura de las circunstancias, si se da paso al proceso de formalización. En este caso particular, los jueces deben ser más exigentes en su rol de control de prueba y procedimiento, dadas las circunstancias.


La crisis vivida es de valores, culpando en forma generalizada, mancillando el honor de las personas o tergiversando hechos, denigrando todos los logros, incluidas cosas como la construcción de un Hospital, no permitiendo festejar en paz. Las preguntas son: ¿Qué se persigue con todo esto?, ¿Quién gana?, ¿Quiénes son los cómplices?


Por lo anterior, ratificamos la declaración del Partido Colorado del lunes 6 de los corrientes, en cuanto a que entre las causas se encuentra "la insuficiente y contradictoria información sobre su tramitación y las discrepancias no resueltas entre los jerarcas de esos Ministerios", fueron las que generaron una situación de controversia que ameritó las renuncias. Asimismo, que se deplora lo sucedido y se espera que con las renuncias se abra una nueva etapa, continuándose con las reformas que hicieron tanta falta en el período frenteamplista, siguiéndose con un proceso de crecimiento ordenado, respetando los derechos de los ciudadanos, bajando impuestos, invirtiendo en infraestructura, así como seguir profundizando las políticas de lucha contra la delincuencia, como el desarrollo de la inclusión digital con el 100% de conectividad de todos los centros de estudio y las reformas en sociales y educativas, tan importantes para todos.

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