Allí le pedirán en forma directa conocer los avances de la causa abierta en torno a una serie de ilícitos denunciados en el Hospital Policial, cuyo principal involucrado es el legislador frenteamplista Charles Carrera.
La entrevista surgió a raíz de la inquietud planteada en el Parlamento por el Ministerio del Interior, ante lo que consideró una total "falta de avance" del expediente a un año de efectuada la denuncia original, ampliada varias veces.
Según lo transmitido por la cartera, el único movimiento que hubo fue una solicitud del fiscal Ricardo Lackner, a cargo entonces de la investigación, que en su momento solicitó el reglamento vigente para la atención en el Hospital Policial. Fuera eso, señaló el ministerio, nada.
"Acá hay una lentitud alarmante", le dijo a El País la senadora nacionalista Graciela Bianchi, al recordar que Gómez deberá devolver próximamente la visita, ya que fue convocado formalmente a la Comisión de Asuntos Administrativos de la cámara alta.
La razón: los "distintos criterios" que, a juicio del oficialismo, el ministerio público aplica según qué tipo de causa sea y cuáles sean los involucrados.
En la reunión del lunes, a pedido de los legisladores, debería estar presente Silvia Porteiro, la fiscal que desde noviembre del año pasado entiende en esa causa.
"Sé que a Lackner lo apodaban el 'Tortuga'", dijo Bianchi "Así a que a esta señora le podemos decir 'La Tortuga'", señaló e ironizó: "No sé hay géneros con las tortugas".
"Notamos distintos ritmos en la actuación de los fiscales según las causas", apuntó la senadora, que dejó a un lado los eufemismos para referirse un caso concreto: el de Carolina Cosse y el proceso de construcción del Antel Arena, a más de un año también que las autoridades actuales del ente presentaran los resultados de una auditoría que reveló una serie de irregularidades, y que la propia Cosse tuviera que declarar ante sede fiscal.
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Durante el debate estuvo sobre la mesa la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo en esta eventual "lentitud" de los fiscales, de los que técnicamente es "jefe". Al respecto, Bianchi excusó al presidente Luis Lacalle Pou.
"No tiene competencia en el tema", aseguró. Según su visión, dada la forma jurídica que tiene hoy, la Fiscalía General de la Nación "tiene casi el mismo poder" que el presidente de la República.
"Por eso tenemos que actuar nosotros", aseguró.
Para Bianchi, todo se debe a la obra del entonces fiscal general, Jorge Díaz, al momento de elaborarse la ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.
"Díaz hizo bien su trabajo", aseguró.
"Los que no lo hicimos fuimos nosotros, que votamos todo lo que votamos".
Una visión con la que discrepa su colega cabildante Guillermo Domenech, otro histórico crítico de la actuación del ministerio público.
"El Poder Ejecutivo tiene responsabilidad, desde el momento en que la Fiscalía es un servicio descentralizado", dijo.
Amparado en la Constitución, señaló, el gobierno debería haber corregido a la Fiscalía "en varios desvíos que ha tenido.
El último ejemplo: las denuncias de "politización" entre los magistrados, efectuada por la fiscal Gabriela Fosatti. "No se ha hecho nada", se quejó Domenech.
"Estamos absolutamente en contra de este sistema", reafirmó el senador cabildante.
"Se ha impuesto para actuar políticamente en materia de justicia penal y perseguir opositores o personas que no participan de las orientaciones políticas vigentes en el anterior gobierno.Lo digo con todas las letras".
Las venias
La senadora Bianchi fue tajante: anunció que nunca más votará una venia para la designación o el ascenso de un fiscal, si los involucrados no concurren al Parlamento a defender personalmente su nombramiento.
La intención de la legisladora que hagan lo mismo que deben hacer, por ejemplo, los embajadores.
Allí, dijo, deberán presentar legajos, antecedentes y el currículum correspondiente.
Bianchi sostuvo que los senadores se han convertido prácticamente en "homologadores" de las designaciones que envía Fiscalía, aprobándolas sin discusión.
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