Como había anticipado, el senador frenteamplista Charles Carrera, que dirigió la Secretaría General del Ministerio del Interior entre 2010 y 2017, no asistió a la comisión investigadora que indaga en el Parlamento presuntas irregularidades cometidas durante su gestión .
De este modo, el oficialismo y la oposición se enfrentaron ayer una vez más desde que, a fines del año pasado, se instaló la investigadora a pedido del senador blanco Jorge Gandini, quien rechazó los argumentos de Carrera para ausentarse.
“Si lo persigo, ¿cuál es el problema? A los delincuentes hay que perseguirlos. Si el señor Carrera es un delincuente, lo vamos a perseguir. Tiene que venir acá a mostrar la cara y demostrar que no lo es. Para eso lo citamos: para que nos demuestre con documentos, con elementos, que todo eso que hizo tiene un justificativo. Si no, se lo va a tener que explicar al juez”, dijo Gandini a la prensa.
El jueves pasado, el legislador frenteamplista había remito al senador nacionalista Amin Niffouri, presidente de la comisión, una carta explicando que ni su fuerza política ni él formarían parte de la “ilegítima” comisión investigadora. Para el Frente Amplio, desde el primer día el único fin fue “amedrentarlo” y “perseguirlo” para “distraer la atención” de los “problemas reales” que enfrenta la ciudadanía, según expresó Carrera en la misiva, a la que accedió El País y adelantó La Diaria.
A lo largo de estos meses el legislador ha sostenido que su actuación se debió a una cuestión “humanitaria” y que estaba amparado por las leyes. En consecuencia, el Frente Amplio lo respaldó y se negó a participar de la comisión investigadora, acusando que se trataba de una “persecución política” por el rol de Carrera como senador de la oposición.
Su situación se cruzó con el caso de Alejandro Astesiano, ya que el excustodio presidencial mantuvo una conversación por WhatsApp con un directivo de la empresa Vertical Skies, ubicada en Estados Unidos, que le pidió elaborar “fichas” sobre Carrera y Mario Bergara, su compañero de bancada, con el fin de que retiraran la denuncia penal por el acuerdo del gobierno con la empresa portuaria Katoen Natie.
Sin embargo, estas apreciaciones fueron rechazadas una vez más por el oficialismo. Ayer, los integrantes de la comisión investigadora votaron unánimemente una resolución después de recibir a Gandini por última vez. En este documento, al que accedió El País, cuestionaron la nota de Carrera afirmando que este documento padece de “graves vicios” que afecta su “legitimidad”, teniendo en cuenta el contexto en el que se dio.
Los hechos que inicialmente motivaron la solicitud de Gandini fueron difundidos en agosto del año pasado por el programa Santo y Seña.
En noviembre de 2012 un vecino de La Paloma, Víctor Hernández, quedó paralítico al recibir una bala perdida que presuntamente partió de la casa del entonces subcomisario palomense, Marcos Martínez, de la que nadie se ha hecho responsable.
Luego de que al herido lo trasladaran al Hospital de Clínicas, Carrera le ofreció asistencia y rehabilitación durante tres años en el Hospital Policial.
Además, destinó una partida de $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación a nombre de la madre de los hermanos Hernández y les ofreció traslados a la ciudad rochense. El oficialismo condena las presuntas irregularidades cometidas por Carrera y acordó investigarlas en el Parlamento. En la lista también figura la atención sanitaria que recibieron su expareja y la diputada Susana Pereyra, viuda del exministro Eduardo Bonomi, en el centro asistencial.
Ante la prensa, Gandini remarcó que “claramente” Carrera incurrió en actos de apariencia delictiva, en beneficio propio o de terceros, y que manejó “indebidamente” los recursos públicos.
El próximo lunes, las autoridades del Ministerio del Interior contarán a la comisión cómo avanzaron las investigaciones internas y las que se abrieron a partir de la ampliación de denuncias judiciales tras el informe de Canal 4. Después los legisladores enviarán un informe al pleno del Senado y remitirán sus actuaciones a la Justicia y a la Junta de Transparencia y Ética Pública.
Todavía corre el plazo de 20 días que Carrera y Pereyra tienen para presentar sus descargos. A fines de mayo la legisladora también se negó a comparecer ante la comisión. Entre otros insumos, los senadores pedirán que se incorpore al expediente el resultado de un análisis de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Interior, que en agosto de 2014 le había alertado a Carrera de que los pagos con tickets y la atención que se le dispensaban a Hernández estaban por fuera del marco normativo.
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