“Se terminó el recreo”. Hace cuatro años, cuando todavía no estaba claro su alcance electoral, el hoy senador Guido Manini Ríos hizo de esta frase su caballito de batalla. Y entre una serie de medidas que justificaban el fin del recreo, postuló: “Los presos van a estar obligados a trabajar todos los días”.
Cuatro años después —aprobación de la ley de urgente consideración mediante que insiste en la obligatoriedad del trabajo en reclusión y siendo parte del gobierno de turno—, Manini Ríos cuestionó que el nuevo plan de seguridad del Ministerio del Interior no contempla el “trabajo obligatorio para la totalidad de los presos, para crearles hábitos, una habilidad y tal vez recursos económicos”.
¿Está usted de acuerdo con que los privados de libertad estén obligados a trabajar y se les pague por ello? La consultora Factum les preguntó a los uruguayos y la respuesta de la opinión pública fue contundente: tres de cada cuatro coinciden con la propuesta. De hecho, no hay diferencias significativas entre los votantes del Frente Amplio y los de la coalición de gobierno; tampoco entre el sexo de los encuestados.
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