Corrupción: En primer lugar, resaltan las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las acusaciones de corrupción que mutuamente se vienen haciendo dos grupos chavistas sobre el "megarrobo sin precedente” (término utilizado por el Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami) ocurrido durante las dos últimas décadas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
A finales de agosto del presente año, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro El Aissami, acusó a Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo y uno de los hombres más poderosos del país durante el gobierno de Hugo Chávez, de realizar un "megafraude” por un monto de 4.850 millones de dólares durante su gestión como presidente de PDVSA (2004-2014).
Por su parte, Ramírez lo refutó en una entrevista dada a @ElNacionalWeb, asegurando que "un sobrino y los hijos de Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro) desfalcaron 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela en 2014”.
Según Ramírez, "si vamos a hablar de corrupción, es por ellos (refiriéndose a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami) que el país está desvalijado.”
Crisis Humanitaria y Migración Masiva: Como segunda noticia, continúa en aumento el flujo de información que los medios de comunicación y las redes sociales dedican a los sufrimientos y desventuras de los miles de emigrantes que, a pesar de los evidentes peligros del recorrido y las dificultades existentes en las sociedades de acogida, de manera forzada continúan huyendo a diario debido a la crisis humanitaria que vive el país.
Las cifras que maneja el Observatorio de la Diáspora Venezolana indican que en la actualidad un promedio de 1.400 personas por día abandona el país, "contabilizándose un total de 7 millones 200 mil personas que emigraron de Venezuela hasta el mes de abril de 2022”.
Violación Sistemática de Derechos Humanos: Por último, este martes 20 de agosto, los medios de comunicación reseñaron el último informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. En su informe, la Misión señala que "los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Estas unidades de inteligencia, según el comunicado de prensa de la Misión, forman parte de "la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno dentro de un clima de casi total impunidad”.
Los índices de corrupción en Venezuela
Según el último informe (2021) del "Índice de Percepción de la Corrupción” (CPI, por sus siglas en inglés), Venezuela ocupó el último lugar dentro de la calificación de los países de América Latinay pasó a formar parte de los cinco países del mundo con los peores índices del CPI junto con Yemen, Somalia, Siria y Sudan.
La reconocida organización "Transparencia Internacional”, con sede en Berlín, elabora desde el 2012 el Índice CPI para calificar con datos comparables entre 0 (corrupción rampante) y 100 (limpio de corrupción) a 180 países y territorios del mundo con base en la percepción de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en sus respectivos sectores públicos.
De acuerdo con Transparencia Internacional, Venezuela tuvo durante el periodo 2012-2017 un promedio aproximado de 18/100, el más bajo de América Latina, y formó parte del grupo de los diez países del mundo peor evaluados.
Entre el 2017 y el 2021, los índices del país descendieron aún más hasta alcanzar 14/100, con lo cual Venezuela pasó a formar parte de los cinco países del mundo con los peores índices del CPI.
En la misma dirección apunta el Índice de Corrupción Ejecutiva, elaborado por el prestigioso Instituto Variedades de Democracia (V-Dem), el cual mide con qué frecuencia los miembros del Ejecutivo, o sus agentes, otorgan favores a cambio de sobornos, coimas u otros incentivos materiales, y con qué frecuencia roban, desvían o malversan fondos públicos u otros recursos del Estado para uso personal o familiar.
En el caso venezolano, este índice de corrupción ejecutiva aumentó de manera sostenida entre 1998 y la última medición realizada en el 2021, pasando de 0.5/1 en 1998 a 0.98/1 en 2001, significativamente superior a la media de la región que se ubica en 0.5/1.
De acuerdo con los datos recabados por la investigación Corruptómetro, realizada por Transparencia Venezuela y Alianza Rebelde Investiga (ARI) y basada los documentos de los procesos judiciales abiertos tanto en Venezuela como en el exterior, se han identificados 316 tramas o casos de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados en el crimen organizado durante las dos últimas décadas transcurridas bajo la administración de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Los sectores donde se ha registrado un mayor número de denuncias de corrupción y en los que se fugó la mayor cantidad de dinero han sido petróleo, salud, finanzas, alimentación y transporte.
Hasta el momento, el monto conocido del dinero presuntamente comprometido es de 67.883 millones de dólares.
Para dar una idea de la magnitud de esta cifra, piénsese que esa cantidad es superior al valor de toda la producción de bienes y servicios (PIB) de Venezuela durante el año de 1994. Todavía más grave es que la magnitud del monto total de corrupción es mucho mayor, puesto que la cifra calculada hasta el momento por la investigación corresponde solamente al 46% de los casos identificados (145 de 316).
Corrupción y crisis humanitaria
Resulta evidente la relación causal directa que existe entre la amplia y sostenida corrupción en Venezuela, evidenciada por los datos anteriores, y la grave crisis humanitaria que sufre actualmente el país. Esta emergencia humanitaria, de acuerdo con el Observatorio de la diáspora venezolana, es la principal causa de la emigración de los venezolanos, la cual ha derivado en "la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo”, según ACNUR.
Cuando se debate sobre la corrupción en el sector público, la discusión generalmente se centra en las pérdidas patrimoniales que sufren las sociedades que son víctimas de estas oprobiosas prácticas. En aquellos países que sufren de manera sostenida este tipo de azote, los ciudadanos se indignan por la cantidad de bienes y servicios que hubieran podido ser provistos con los ingentes recursos públicos que son sustraídos de mala manera por delincuentes de cuello blanco para su provecho personal.
Cuando el flagelo de la corrupción se presenta en sociedades como la venezolana, donde los estudios señalan que existe un 94% de personas en situación de pobreza, la situación se reviste de un nivel de injusticia inaceptable ya que los altos niveles de corrupción impactan de manera negativa y directa sobre las posibilidades del Estado para sostener las frágiles condiciones de vida de amplios sectores de la población.
En estos casos, por tanto, la corrupción en el sector público se asocia directamente con la violación de los derechos humanos de esos amplios y vulnerables grupos sociales. "La corrupción constituye uno de los principales obstáculos para la promoción y protección efectivas de los derechos humanos” señala las Naciones Unidas.
En el caso concreto de países como Venezuela, el informe 2021 de Transparencia Internacional observa que "la corrupción generalizada ha dado lugar a graves violaciones de los derechos sociales, incluido el acceso a la educación, la atención sanitaria y la alimentación”.
Corrupción y violación de los derechos humanos
El ya referido informe 2021 de Transparencia Internacional encuentra en su estudio sobre la corrupción en 180 países del mundo que "existe un fuerte vínculo entre un alto nivel de corrupción en el Índice (CPI) y la restricción de las libertades civiles.
Aunque hay excepciones, en la mayoría de los casos la relación es causal en ambas direcciones: a más corrupción, más probabilidad de vulneración de las libertades civiles. En sentido inverso, la falta de libertades civiles dificulta la lucha contra la corrupción”.
La causalidad bidireccional entre corrupción y libertades civiles obedece al hecho de que el socavamiento de las libertades permite a los corruptos de cuello blanco, enquistados en las altas esferas del poder, evadir la rendición de cuentas y silenciar a sus críticos, dando rienda suelta a la corrupción en ambientes de amplia impunidad.
Ello explica por qué los datos de V-Dem evidencian que en Venezuela, desde la llegada de Chávez al poder en 1999 hasta la última medición en el 2021, se constata una correlación entre el aumento sostenido de los índices de corrupción ejecutiva y una caída brusca de los índices de las libertades civiles, pasando de 0.86/1 (1998) a 0.38/1 (2021).
Hoy por hoy en Venezuela, según también señala el informe 2021 de Transparencia Internacional, "el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra disidentes y críticos.
En los últimos años se ha producido un aumento de presos políticos, detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo del acceso a la información pública, la falta de rendición de cuentas de los órganos del Estado y la ausencia de un sistema de justicia independiente crean un entorno en el que las violaciones de derechos humanos quedan sin ser vistas ni sancionadas”.
De allí que Venezuela ha sido el país de América Latina con la menor capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción y, por lo tanto, el país latinoamericano donde existe una mayor probabilidad de que los actos de corrupción en el sector público se mantengan impunes, tal como lo viene evidenciando desde el 2019 el "Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción” (CCC), elaborado por Americas Society-Council of the Americas junto con la consultora internacional especializada en riesgos Control Risks.
La confluencia actual en Venezuela de corrupción, crisis humanitaria y violación de derechos humanos no ha sido el producto de un desafortunado conjunto de eventualidades, sino que es el resultado del diseño deliberado durante las dos últimas décadas de un andamiaje institucional que lejos de combatir la corrupción más bien promueve la impunidad. Mientras se mantenga incólume ese andamiaje, la grave crisis que sufren los venezolanos continuará profundizándose.
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